ALONSO TORRES ABURTO / La Jornada Michoacan
Hugo Casanova, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (UNAM), afirma, contundente, que en México “estamos enfrentando políticas públicas que hacen del regateo su racionalidad fundamental” y que, además, la decisión de Felipe Calderón de recortar recursos económicos a las universidades públicas y demás instituciones de educación superior es un claro mensaje de castigo. En su análisis, el especialista de la máxima casa de estudios del país sostiene la idea de que estas medidas significan que estamos ante “una generación de políticas para la crisis y no para construir un proyecto de educación superior en el país”. (La Jornada, 5-Sep.-09, p. 34).Al leer estas declaraciones, no puedo dejar de recordar lo que ha venido sucediendo en los últimos años en México. Cuando menos desde hace un lustro, en los momentos previos y posteriores a que el Ejecutivo presente al Legislativo el proyecto de Presupuesto de Egresos federal, el estira y afloja, los cabildeos, las negociaciones y sobre todo las presiones, se hacen presentes. De manera especial las organizaciones representativas de los principales actores de la educación (sindicatos de profesores y trabajadores administrativos, ANUIES, etcétera) actúan y presionan para buscar que se incrementen los recursos que aprueban los diputados de San Lázaro. Siempre, el regateo es intenso. Por fortuna, hasta el año pasado se había logrado obtener partidas que el Presidente de la República en turno no había considerado en el presupuesto inicial. Una de ellas, por ejemplo, fue de 4 mil millones de pesos en 2009 (llamada bolsas extraordinarias).
Es muy evidente que los gobiernos neoliberales no tienen como prioridad invertir en la educación superior. Como sostiene el ya citado Hugo Casanova, no quieren aprender del pasado y de los altos costos que ha significado el desprecio a este sector tan importante. Esta postura se ha manifestado más claramente en este año, como consecuencia de la crisis económica internacional. Ya desde adentro y desde afuera de la universidad pública se preveía el agudizamiento de los problemas en nuestras instituciones educativas. Era palpable la cuestión de los recortes presupuestales. Lo estaban anunciando y mandaban señales negativas desde hacía varios meses. Era una crónica anunciada, como lo documenté en mi colaboración de la semana pasada.
Un primer paso en firme fue el anuncio del titular de la SEP, sobre el recorte del 1% al presupuesto autorizado por el Poder Legislativo para ejercerse en 2009. Ya en términos de cantidades, esta medida viene a sangrar los de por sí insuficientes recursos económicos; así, los millones de pesos que les han arrebatado a las instituciones de carácter nacional han sido como sigue: a la UNAM (214), a la UAM (45), al IPN (91), a la UPN (6 ) y al Colmex (4). Por su parte, a las universidades públicas estatales les podría significar una merma de casi 300 millones (aquí se incluye lo que se conoce como apoyo solidario).
En el caso de la UMSNH, la rectora declaró hace unos días que son 3 millones de pesos los que siempre no le entregará la federación, correspondientes al año que está por concluir. A algunas facultades nicolaitas ya nos llegó el agua a los aparejos. Ni siquiera para becas-tesis habrá apoyos extraordinarios, como venía sucediendo desde hace décadas. Sin lugar a dudas, los índices de titulación bajarán y las ansiadas acreditaciones de los programas educativos serán más complicadas.
Pero regresemos al sombrío panorama nacional, ahora que Felipe Calderón está por presentar el Presupuesto de Egresos 2010. Nada bueno se espera hacia las instituciones de educación superior y hacia la educación pública en general. En especial para las universidades, muchas de las cuales vienen manteniendo un nivel de déficit financiero importante desde hace tiempo. Algunas de ellas, incluso, han tenido que recurrir a préstamos bancarios para pagar la nómina de sus trabajadores. A otras les han embargado algunos bienes inmuebles para cubrir las aportaciones al IMSS. En un plazo inmediato, el pesimismo es grande. No sólo no hay confianza en que se aumente el presupuesto conocido como ordinario. En estos días, las señales indican que se podrían eliminar los recursos para las “bolsas extraordinarias”.
Si llega a suceder que además de no incrementar el presupuesto ordinario o incluso reducirlo y además suprimir las partidas que llegan a las universidades públicas vía PIFI, FAM, Promep, Incremento de Matrícula, Saneamiento Financiero, CUPIA, etcétera, entonces sí, como dicen en mi rancho, que ¡Dios nos agarre confesados! De presentarse este escenario, apenas se podrán pagar los salarios de los que trabajamos en una institución de este tipo. No se podrán consolidar plazas docentes y administrativas; no habrá mayores posibilidades de movilidad estudiantil y docente; la construcción de espacios prácticamente se paralizaría; no se podrá adquirir la tecnología que ahora se requiere, ni los acervos documentales. En fin, como las denomina Hugo Casanova, estas “políticas para la crisis”, estas políticas públicas que hacen del regateo su racionalidad fundamental, ya prácticamente le dieron el tiro de gracia a los ayuntamientos del país. ¿Pasará lo mismo con las instituciones de educación superior y en especial con las universidades públicas? Y sobre todo, ¿cuáles serán los costos sociales?
