Gustavo Leal F.*
En reciente entrevista, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, sostuvo que México dispone de 2 mil 200 instituciones de educación superior (mil 150 son privadas) y que el reto, dado “el contexto de creciente competencia”, es “mejorar ampliamente la calidad de la educación”.
Desde octubre de 2006 la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo públicas sus precarias finanzas porque la SEP no le liquidó 161 millones de pesos. Fue preciso posponer el pago de la nómina y recurrir a otros recursos etiquetados para solventar sus compromisos.
El rector, Héctor Melesio, inició gestiones para que la SEP le entregara los millones aprobados por la Cámara de Diputados pero que ella incorporó al subsidio ordinario 2006.
Para cubrir los salarios de casi 10 mil trabajadores académicos y administrativos, la UAS tomó recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. Cuestionado sobre si el proceder era legal, Melesio comunicó que “hicimos lo correcto, porque los vamos a recuperar. Esto no es delito, pero sí es un crimen que no se apoye la educación superior”.
Según la UAS, mientras la media nacional de las universidades públicas recibe un subsidio de 28 mil pesos por alumno, en ella, con 105 mil matriculados, apenas alcanza 22 mil. La UAS acarrea un déficit histórico de 700 millones de pesos.
Además, en 2005 tramitó 248 jubilaciones, y en 2006, 168. En total, responde por 2 mil 500 jubilados. Pero la SEP no reconoce la totalidad de la plantilla laboral, y el subsidio está por debajo de lo que ella requiere. Desde 1993 la SEP no reconoce ni ha autorizado 402 plazas de profesores de tiempo completo, 71 de medio tiempo, ni a 2 mil 600 empleados administrativos y de confianza.
Pero la universidad ostenta ser una de las primeras 11 instituciones en el rubro de “competitividad académica”, según criterios de la propia SEP.
En julio de 2007, el rector –junto con la dirigencia sindical de académicos y administrativos– denunció que la SEP le había condicionado la entrega de recursos adicionales al despido de personal académico, reformas al contrato colectivo de trabajo y modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones, después de lo cual advirtió que no permitirían separaciones del personal basificado.
En una misiva enviada por la SEP al rector, el gobierno federal solicitó que la UAS identifique y despida a los trabajadores académicos que no cumplen con el “perfil deseable para su reconocimiento”; justifique la contratación de personal administrativo; modifique el contrato colectivo de trabajo “para ajustar las prestaciones al modelo de educación superior” y que se comprometa a tomar las medidas estructurales pertinentes para no volver a incurrir en déficit.
Entonces Melesio anunció que emprendería una “gira” por todos los planteles para dar a conocer la respuesta de la SEP y asumir una postura frente a sus condicionamientos. Por su parte, la dirigencia sindical de los académicos estableció que “el sindicato no va a permitir que se liquide a ningún trabajador bajo los criterios que plantea el subsecretario Rodolfo Tuirán”.
Días después, Melesio reiteró que el déficit primario de la universidad estaba “tocando fondo” y que habría que impulsar acciones para resolver sus pasivos en jubilaciones y pensiones, reformando el contrato colectivo de trabajo y creando un fideicomiso de pensiones en el que los “trabajadores universitarios aporten una fórmula que podría ir de 3 a 10 por ciento de su salario, en un plazo que podría ser hasta de cinco años”, además de que la edad para jubilarse se elevaría de 25 a 35 años de servicio, porque el “sistema de jubilaciones dinámicas como el que tenemos ya no es viable”.
Su compromiso con Hacienda y la SEP consiste en presentar (septiembre) “nuestra propuesta para atender las demandas señaladas por la Federación, como es la transformación del sistema de pensiones y las reformas al contrato colectivo de trabajo”. Aunque aclaró que no se afectará a “ningún trabajador basificado, habrá un recorte en el personal de confianza, además de que ya tenemos congeladas mil 200 plazas académicas”.
El 14 de septiembre, 15 mil estudiantes, trabajadores y padres de familia, acompañados del rector, tomaron las calles de Culiacán y exigieron a los gobiernos federal y estatal que incrementaran el subsidio de la UAS. Durante la manifestación las autoridades estatales anunciaron que entregarían los 105 millones de pesos que –desde el 5 de septiembre– había liberado el gobierno federal y que debieron canalizarse oportunamente a la institución. La secretaría general comunicó, entonces, que procedía a liquidar la quincena vencida.
Diez días después, el Consejo General de Delegados del sindicato de académicos destituyó a su secretario general porque se “confabuló con el rector Melesio para modificar el contrato colectivo de trabajo en cuanto a la jubilación dinámica”. Cumplidos cuatro días más, la dirección sindical destituida comunicó que un referendo había aprobado modificar el régimen de jubilaciones y pensiones para “obtener más recursos de la SEP”.
Pero el inconsulto PND calderonista afirma que “el propósito es convertir a la educación superior en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para generar, transmitir y aplicar conocimientos”.
Como señala Niklas Luhmann, “con este tipo de formulaciones del ‘todavía no’ el problema sociológico –es decir, el problema de cómo puede llevarse a cabo una modernización de la sociedad moderna– más bien se encubre” (La sociedad de la sociedad, Editorial Herder, 2007).
La “calidad” que pregona Rodolfo Tuirán es un jeroglífico.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
